- TRIBUNALES -

En un juicio por tráfico de drogas contra cinco acusados, entre los que se halla un ex-guardia civil

La defensa pide la nulidad de las intervenciones telefónicas

12-MARZO-2010. PROVINCIA

Los abogados defensores de los cinco acusados de un delito de tráfico de drogas -entre los que se encuentra un ex-agente de la guardia civil para el que el Ministerio Fiscal pide 15 años de cárcel- solicitaron ayer al juez de la Audiencia Provincial de Toledo que declare nulas las escuchas telefónicas practicadas en el juicio, por vulnerar principios constitucionales como el secreto de las comunicaciones. En la segunda jornada de la vista oral, celebrada en el tribunal toledano, los abogados reclamaron la libre absolución para sus defendidos por los “vicios” que se detectaron a la hora de intervenir sus teléfonos. Entre otros, la vulneración del artículo 18 de la Constitución Española, que el auto judicial “no estuviera suficientemente motivado” o que el control judicial estuviera “truncado”. Recordó la defensa de Gregorio V.N. que debe ser el juez o los funcionarios judiciales quienes acuerden la intervención telefónica. Sin embargo, ésta se practicó “exclusivamente” por agentes de la Guardia Civil y de la Policía Judicial. “Ni siquiera se dio la oportunidad en la instrucción (un proceso que se alargó desde el 2001 en que se produjeron los hechos) a que los acusados pudieran decir si reconocían su propia voz”. Aparte de estos alegatos, en el juicio, uno de los abogados reprochó al Ministerio Fiscal que hubiese generado una “alarma social” innecesaria. La escasa cantidad de estupefaciente aprehendido en los registros domiciliarios (0,25 gramos de cocaína y 2,38 de hachís) pone en evidencia, en su opinión, que los acusados destinaban la droga a un “consumo compartido” (lo que testificaron los acusados en el primer día de juicio), pero en ningún caso que trataran de favorecer el tráfico ilícito de drogas. Una escasa cuantía que, en su opinión, no puede romper la presunción de inocencia. De la misma opinión era la abogada de Gregorio B.N. quien sostuvo que los objetos hallados en su posesión -una balanza de precisión, un “cutter” y una sustancia denominada Inostol- “elementos que hacen presumir -en opinión del fiscal- su destino al tráfico de drogas”, tenían una explicación plausible. La balanza, argumentaba la defensa, “ni siquiera era de precisión”, el cutter es un objeto de uso común en cualquier hogar y el Inostol, es un “complejo vitamínico” de venta común en herbolarios que empleaba para atender la enfermedad de su hijo. Pese a los alegatos de la defensa, el fiscal de la Audiencia Provincial de Toledo, José Javier Polo Rodríguez, mantuvo la solicitud de penas iniciales, que en el caso del ex-cabo de la guardia civil de Talavera de la Reina, Jacinto G.G. se eleva a 15 años de cárcel, doce por un delito contra la salud pública, tres más por un delito de infidelidad en la confidencialidad de documentos y pena de inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de dos años por el delito de omisión del deber de perseguir los delitos. En el caso de los cuatro acusados restantes las penas oscilan desde los nueve años de prisión solicitados para G.B.N. a los ocho años para R.V.O; E.S.Z. y C.L.A.S. En sus conclusiones finales, el Fiscal consideró que de la prueba practicada se puede inferir que los acusados estaban implicados en una red dedicada a favorecer el tráfico ilícito de drogas. Y aunque la cantidad incautada era mínima, las conversaciones que mantuvieron los acusados crean razones fundadas de que ese era su fin. Se refirió a las comunidaciones que mantuvieron los acusados en que solicitaban la colaboración del cabo de la guardia civil de Talavera de la Reina para que buscara a los autores de un robo de 1,4 kilos de cocaína. Éste valiéndose de sus conocimientos en la Policía judicial se sirvió para obtener información sobre antecedentes policiales y fotografías.